Abelardo de la Espriella

Entre las figuras más controvertidas de la escena pública colombiana se encuentra Abelardo Gabriel de la Espriella y Otero, un jurista que ha transitado con notable visibilidad entre el derecho penal, la esfera empresarial y la arena política. Nacido en la capital el 31 de julio de 1978 y criado en Montería, su trayectoria ha estado marcada por litigios de alto impacto, iniciativas comerciales y campañas cuyo discurso ha generado amplios debates sobre el uso del poder, la legalidad y la economía de mercado. Este texto propone una versión original y detallada de su vida, basada en hechos verificables y sin abstraer datos esenciales.

Entre las figuras más controvertidas de la escena pública colombiana se encuentra Abelardo Gabriel de la Espriella y Otero, un jurista que ha transitado con notable visibilidad entre el derecho penal, la esfera empresarial y la arena política. Nacido en la capital el 31 de julio de 1978 y criado en Montería, su trayectoria ha estado marcada por litigios de alto impacto, iniciativas comerciales y campañas cuyo discurso ha generado amplios debates sobre el uso del poder, la legalidad y la economía de mercado. Este texto propone una versión original y detallada de su vida, basada en hechos verificables y sin abstraer datos esenciales.

Primeros años, familia y educación

El nacimiento de Abelardo de la Espriella se registra en Bogotá, y desde joven su entorno familiar se divide entre la ciudad y el interior del país, donde su familia goza de vínculos con el mundo judicial. Es hijo de un exmagistrado y notario, conocido como Abelardo de la Espriella y Juris, y de María Eugenia Otero Aldana, una mujer que acompañó el desarrollo académico y personal de sus hijos. En su vida afectiva, contrajo matrimonio en 2008 con Ana Lucía Pineda, con quien ha formado una familia de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. En sus primeros años de formación, asistió al colegio La Salle de Montería, institución que lo formó en valores y disciplina, y donde terminó su bachillerato en 1994. Más tarde, se volcó al estudio del derecho en la Universidad Sergio Arboleda, culminando su título profesional en el año 2000. En el ámbito académico superior, recibió reconocimientos que lo proyectaron como una figura respected en el ámbito jurídico, siendo honrado con distinciones que avalaron su trayectoria. En 2016, la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho; y, a inicios de la década de 2020, la Federación Iberoamericana de Abogados le concedió un doctorado honoris causa internacional en Derecho. Estos reconocimientos subrayan la presencia de su figura en el panorama jurídico regional y su interés por la formación continua.

Trayectoria profesional

Abogado

En 2002 dio forma a De la Espriella Lawyers Enterprise, firma dedicada al derecho penal que pronto se convirtió en un actor con presencia mediática en casos de alto perfil. En ese periodo, fue defensor de David Murcia Guzmán, figura central de un esquema piramidal y de lavado de dinero que afectó a cientos de ahorradores. Años después, su actividad legal lo llevó a intervenir en procesos vinculados a la parapolítica, defendiendo a integrantes de redes paramilitares y participando en litigios de relevancia pública. Entre otros casos notables, asesoró a Jorge Pretelt en un expediente de presunta corrupción relacionado con Fidupetrol, y participó como abogado de víctimas de violencia y feminicidio, entre ellas Natalia Ponce de León y familiares de Rosa Elvira Cely, así como de personas afectadas por violencia de género y contaminación ambiental en comunidades cercanas a Cerro Matoso. También intervino en la defensa de asuntos judiciales vinculados a la Fuerza Pública y a episodios de violencia estudiantil, como la muerte de Dilan Cruz. Entre 2013 y 2019, su firma representó a Álex Saab, empresario cuyas actividades fueron objeto de investigaciones por lavado de dinero y por su supuesta relación de testaferro con Nicolás Maduro. Este tramo de su carrera muestra una actividad enfocada en casos de gran visibilidad y controversia, que a la larga fijó su presencia en el centro de las discusiones sobre corrupción y poder.

Empresario

La faceta empresarial de de la Espriella abarcó iniciativas en distintos sectores. Creó una línea de moda masculina, De la Espriella Style, y fue impulsor de proyectos que combinan vinos, licores y café, entre ellos Fratellone, una marca de vino, y Defensor, un ron, además del proyecto Hope by Animal Voices, un café con enfoque social. También formó parte de la propiedad de un restaurante llamado Místico, hoy ya inactivo. En el marco de estas actividades, su grupo empresarial, denominado Dominio De la Espriella, concentró la producción y comercialización de estas líneas; sin embargo, entre 2020 y 2025 registró pérdidas importantes, estimadas en miles de millones de pesos y, finalmente, cesó operaciones en territorio estadounidense. En este periodo, la empresa mostró signos de desgaste económico que afectaron la continuidad de varias unidades de negocio, a la par de una rentabilidad positiva en su estudio jurídico. En 2018, creó la Fundación Abelardo de la Espriella, una entidad dedicada a otorgar becas universitarias a estudiantes de escasos recursos. Este conjunto de iniciativas empresariales y filantrópicas consolidó una imagen de diversification que, pese a los altibajos, permanece en el imaginario público.

Cantante

Además de su carrera profesional, ha explorado la música, incursionando en la interpretación de ópera y repertorios de música italiana y francesa con toques contemporáneos. En 2018 debutó como cantante con el sencillo O sole mio, y hacia 2022 publicó un segundo trabajo discográfico titulado Navegante, que amplió su registro artístico y le permitió conectarse con una audiencia distinta a la que suele acompañarlo en el mundo jurídico o empresarial. Este aspecto artístico ha sido descrito como una faceta complementaria de una personalidad que no se limita a un solo rol profesional.

Candidatura a la presidencia

En julio de 2025, anunció su aspiración a competir en las elecciones de 2026 para la Presidencia de Colombia, a pesar de no haber ocupado cargo público alguno previamente y sin experiencia política formal. A partir de agosto del mismo año, con el movimiento Defensores de la Patria inició la recolección de firmas para inscribirse como candidato; logró que le fueran aceptadas cerca de 2 millones de rúbricas sobre un total de más de 5 millones presentadas, quedando entre las candidaturas con mayor respaldo entre sus contendientes. El respaldo formal también contó con el Movimiento de Salvación Nacional, que se sumó a su proyecto. Aun cuando una parte de las firmas fue declarada inválida, la porción válida fue la más cuantiosa de las recibidas entre las candidaturas en pugna. Su fórmula vicepresidencial fue el exministro José Manuel Restrepo Abondano, y las propuestas se encuadran dentro de un marco de ultraderecha, con un programa centrado en mano dura contra la delincuencia, defensa de la patria y valores tradicionales. Entre sus líneas se destacan la reducción del tamaño del Estado, la defensa de la propiedad y la apertura económica, además de una postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo y a la adopción homoparental. En política exterior planteó mediación con Venezuela a través de actores internacionales y propuso acercamientos diplomáticos con Israel, con visos de situar la embajada en Jerusalén. Una de sus promesas relevantes fue el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que este órgano protege a ciertos actores a expensas de las víctimas. Estas posiciones han generado apoyo de ciertos empresarios, juristas y sectores de la derecha, aunque también han sido objeto de críticas y de análisis de impacto en la vida institucional.

Controversias

La figura de de la Espriella se ha asociado rutinariamente a la defensa de políticos y empresarios investigados por corrupción, a la defensa de personas vinculadas a grupos paramilitares y a casos que han ocupado portadas de los medios durante años. En 2007 participó como abogado de personajes vinculados a la parapolítica, y estuvo involucrado en la defensa de Jorge Pretelt en un caso de presunta corrupción empresarial. Entre 2013 y 2019 trabajó para Álex Saab, investigado por lavado de dinero y por su supuesto papel de testaferro. También se ha señalado su residencia permanente en Estados Unidos y la intención de fungir como representante legal en ese país sin la licencia necesaria para defender a personas en litigios ante autoridades extranjeras. Sus vínculos profesionales y políticos han sido objeto de debates en distintos foros y de controversias en la opinión pública.

A lo largo de la década, el abogado también defendió casos de otros personajes notables y ha sido motivo de denuncias y lucidez sobre conflictos de interés. En años recientes, una denuncia presentada por su antiguo cliente David Murcia Guzmán y episodios vinculados a la empresa DMG han generado acusaciones de uso de influencia para influir en decisiones judiciales o en la percepción pública. En paralelo, su apoyo a algunos dirigentes ha provocado reacciones encontradas, especialmente cuando se discute la legitimidad de ciertos procesos penales y la aceptación de sentencias en segunda instancia. Estos elementos han contribuido a que su figura se mantenga en el centro de discusiones sobre ética, legalidad y poder en Colombia.

Fundación FIPAZ y vínculos con las AUC

En 2005 creó la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), una entidad que organizó foros universitarios donde participaron personajes controvertidos y que, en distintos momentos, hemos de recordar, estuvieron vinculados a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas actividades se oyó la presencia de figuras como Salvatore Mancuso, y se promovió una propuesta para prohibir la extradición en Colombia. En 2008, Iván Báez afirmó que la organización armada habría buscado influir en la opinión estudiantil a través de la fundación, y en un fallo de 2011 la Corte sostuvo que FIPAZ no promovió la paz al apoyar la proyección política de grupos paraestales; sin embargo, la Fiscalía General más tarde cerró el caso por concierto para delinquir y lavado de activos, en un proceso que involucró a la Fiscalía y a ciertos vínculos de la red con el entorno de la defensa. Estas decisiones, y la propia historia de la fundación, han generado un marco de interpretaciones contradictorias sobre el papel de FIPAZ en el proceso de paz y su relación con actores armados irregulares.

Huída de Álex Saab

En 2018, Álex Saab y varios familiares lograron sortear una operación de captura que contaba con la coordinación entre la Policía Nacional y agencias estadounidenses. Según documentos revisados por la prensa, un agente de policía habría recibido información del operativo por parte de una abogada de la firma de De la Espriella Lawyers Enterprise, lo que habría facilitado la fuga de la familia Saab a Venezuela. En el marco de las versiones judiciales, se indicó que la fuente policial habría recibido un soborno; posteriormente, la firma sostuvo que la persecución jurídica contra su despacho se originó a partir de una denuncia interna. En 2020, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó públicamente que la firma habría avisado a la familia Saab, lo que habría contribuido a su salida del país. Las autoridades permitieron, en esa ocasión, que la investigación no prosperara.

Casos de acoso judicial a la prensa

En abril de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación para la Libertad de Prensa expresaron preocupación por la posibilidad de una ofensiva jurídica estratégica contra periodistas, en respuesta a una columna que analizaba los vínculos con Saab. El balance oficial indica que, entre 2008 y 2019, la Fiscalía atribuyó al abogado un número elevado de denuncias por calumnias e injurias; muchos de estos procesos quedaron desestimados por diversas razones, lo que ha sido interpretado por observadores como una práctica para hostigar a la prensa. La Federación impulsó medidas de protección para el periodista involucrado y sostuvo que varias denuncias carecían de sustento jurídico suficiente. Más adelante, en junio de 2026, la FLIP señaló que la campaña presidencial intensificó ataques contra la prensa, citando un pago de la campaña a una empresa fantasma y señalamientos contra un periodista, mientras que el propio De la Espriella advirtió que emprendería acciones legales contra quienes ejercieran proselitismo político. Estas acusaciones y respuestas han mantenido en el centro del debate la relación entre poder político y libertad de expresión.

Comentarios y conductas calificadas como machistas

Durante la contienda electoral de 2026, surgieron críticas sobre comentarios atribuidos al candidato hacia mujeres. En mayo de 2026, durante una transmisión en vivo, afirmó haber obtenido el apoyo de votantes femeninos basado en su interpretación de la anatomía femenina y solicitó a una periodista que realizara un zoom de una imagen, con expresiones afectuosas que fueron consideradas por la periodista como acoso y vulneración. Un fallo judicial de la ciudad de Bogotá calificó esas expresiones como una violencia simbólica contra las mujeres, ordenando al candidato retractarse y disculparse públicamente en un plazo breve. Este episodio fue utilizado por diversos medios para analizar la construcción de una figura de liderazgo basada en estereotipos de género. La publicación de notas periodísticas y comentarios de analistas también sirvió para señalar que la retórica del candidato se apoyó en la figura del “macho alfa” y en planteamientos que algunos consideran misóginos, lo que provocó respuestas de colectivos feministas y académicos. En respuesta, el propio candidato afirmó que la narrativa pretendía deslegitimarlo y colocó su trayectoria a favor de la Ley Rosa Elvira Cely, defendiendo su papel como promotor de políticas de protección de mujeres. Sin embargo, las abogadas que participaron en la redacción de esa norma negaron su participación directa en su tramitación, y voces del ámbito legislativo defendieron que el proceso estuvo ajeno a la influencia del candidato. Este fenómeno generó un debate público intenso sobre el uso político de experiencias de víctimas y la responsabilidad de los actores públicos ante la opinión social.

Obras

• Muerte al Tirano (2018). Editorial Oveja Negra. ISBN 978-958-06-1391-6.
• Amores Criminales: Todo ser humano tiene en su interior a otra persona (2020). Casa editorial Pan House. ISBN 9789584909879.
• Almas Asesinas (2023). Casa editorial Pan House. ISBN 9786287606265.