David Samanez Ocampo

David Samanez Ocampo y Sobrino nació en una hacienda de Huancarama, en Apurímac, y transitó una vida ligada a la aristocracia hacendal y a la actividad política peruana. Su trayectoria abarcó décadas de lides parlamentarias, rebeliones regionales y, finalmente, una gestión de corte provisional en 1931, cuando lideró una Junta Nacional de Gobierno. Su papel central fue la implementación de un nuevo marco electoral y la pacificación que preparó el retorno de la normalidad institucional tras años de crisis. Murió en Cusco, en julio de 1947, dejando una huella marcada por su voluntad de orden y renovación cívica.

David Samanez Ocampo y Sobrino nació en una hacienda de Huancarama, en Apurímac, y transitó una vida ligada a la aristocracia hacendal y a la actividad política peruana. Su trayectoria abarcó décadas de lides parlamentarias, rebeliones regionales y, finalmente, una gestión de corte provisional en 1931, cuando lideró una Junta Nacional de Gobierno. Su papel central fue la implementación de un nuevo marco electoral y la pacificación que preparó el retorno de la normalidad institucional tras años de crisis. Murió en Cusco, en julio de 1947, dejando una huella marcada por su voluntad de orden y renovación cívica.

Biografía

Primeras apariciones en la política

Procedente de una familia de hacendados acomodados, David Samanez era hijo de un explorador destacado y de Consuelo Balbina Sobrino de Piérola. Su punto de extracción fue la hacienda Huambo, situada en el antiguo Cuzco y que con el tiempo pasó a formar parte de Apurímac. En su juventud abrazó las filas del Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola, y participó en la organización de montoneras en la región sur andina durante la revuelta de 1894-1895 contra el gobierno de Cáceres. Tras el triunfo rebelde, logró ser diputado por Antabamba ante el Congreso de la República y ejerció ese cargo entre 1895 y 1900, una etapa marcada por su activa militancia y por la reconfiguración política que siguió a la contienda.

Con el tiempo se retiró de la escena pública y se trasladó a vivir a Marcahuasi, en una hacienda familiar, donde sostuvo su actividad agrícola y mantuvo un perfil discreto pero atento a los cambios políticos. Su retorno a la actividad parlamentaria tuvo lugar en la década siguiente, cuando fue elegido nuevamente diputado, esta vez por la provincia de La Convención durante las gestiones de José Pardo y Barreda y, posteriormente, de Augusto B. Leguía. En ese periodo apareció con fuerza una figura de oposición a los vaivenes del gobierno, respaldada por su experiencia de luchas y su arraigo en las regiones altas del litoral andino.

En 1909 reapareció en la escena pública al encabezar un movimiento de montoneros en contra del primer mandato de Leguía, extendiendo su acción desde Apurímac hacia Lucanas, Parinacochas y Ayacucho, incluso llegando a Paruro y Anta en el Cusco. El esfuerzo fue frustrado en Tablachaca, cuando las fuerzas oficiales tomaron el control de la situación y Samanez debió huir hacia Bolivia. Un analista de entonces recordó que esas montoneras marcaron un fin de época: la época de la lucha campesina contra un ejército reformulado, y que en adelante el país vería otros métodos para canalizar las tensiones políticas.

El retorno a la vida política fue gradual: apoyó al gobierno de Guillermo Billinghurst en 1914 y volvió a ser diputado por La Convención en 1912. Durante la segunda administración de José Pardo y Barreda, fue designado senador por Apurímac, cargo que ejerció en varias legislaturas entre 1917 y 1924, dentro del marco del Oncenio de Leguía. Su pertenencia al Partido Demócrata lo situó en la fricción constante con los proyectos reeleccionistas que insistían en fracturar el régimen republicano. En ese periodo, el liderazgo de Isaías de Piérola le dio una pertenencia político‑ideológica que rompería tras la descomposición de la legalidad en años siguientes.

La década de 1920 consolidó su papel como figura de oposición a la reelección y, al mismo tiempo, como un político complejo, capaz de moverse entre alianzas regionales y proyectos de ley. En 1923 fue encarcelado y confinado en la Isla San Lorenzo, para después ser desterrado. Su retorno no tardó, y en 1930 reapareció en la escena pública tras el golpe militar de Luis Sánchez Cerro, que desbordó las viejas fórmulas del poder y devolvió la atención hacia un liderazgo que había sido probado en la adversidad. A la salida de ese periodo encontró un país agitado, que buscaba un cauce institucional claro para superar la crisis económica y social que lo iba consumiendo.

Tras la caída de Leguía

A partir de 1930, la nación vivió una secuencia de cambios políticos y una debacle económica que deshilachaba la gobernabilidad. En ese marco, la guarnición de Arequipa se levantó el 20 de febrero de 1931 contra la Junta de Gobierno encabezada por Luis Miguel Sánchez Cerro, esfuerzo que terminó desembocando en un nuevo frente de confrontación y en la necesidad de una autoridad capaz de normalizar la vida institucional. Fue entonces cuando la vieja figura de Samanez Ocampo volvió a cobrar relevancia: fue proclamado presidente de una Junta Nacional de Gobierno que debía conducir al país de regreso a la legalidad, en un periodo de transición que todos esperaban breve pero eficaz.

Al llegar a Lima, Samanez recibió la aceptación unánime de las fuerzas regionales y asumió la conducción de la primera magistratura de la nación en la capital, instaurando una Junta Nacional de Gobierno que representaba a todas las regiones y que se instaló el 11 de marzo de 1931. Su actuación, a los 65 años, se caracterizó por una vocación de apertura institucional y por la intención de normalizar un país sacudido por conflictos internos y presiones externas. Su mandato se prolongó por menos de un año, pero su impacto quedó grabado como una isócrona en la historia política peruana de esa entrega apremiante a la estabilidad.

Entre las medidas más significativas de su gestión destaca la creación de un nuevo Estatuto Electoral, elaborado por una comisión integrada por jóvenes figuras de la época, entre ellas César Antonio Ugarte, Alberto Arca Parró, José Antonio Encinas, Luis E. Valcárcel, Jorge Basadre Grohmann y Luis Alberto Sánchez. Este equipo trabajó en la Biblioteca de la Universidad de San Marcos y presentó un anteproyecto que luego fue oficializado mediante un decreto‑ley, con ajustes menores, el 26 de mayo de 1931. El resultado fue una reforma profunda del sistema electoral que buscó modernizar la práctica democrática del país.

Las innovaciones que trajo el nuevo estatuto incluyeron un padrón electoral centralizado, que eliminó las listas depredadas por juntas preparatorias regionales; un escrutinio que se desplazó del lugar de votación al Jurado Departamental para evitar el control de fuerzas armadas en las mesas; la instauración del voto secreto en una cámara de sufragio; y la imposición de sanciones para quienes no ejercieran su derecho al voto. Estas medidas configuraron un marco más equitativo y confiable para la contienda electoral, reduciendo las posibilidades de fraude y de coacción. En esa lista de exclusiones quedaron fuera los sacerdotes, los militares, los hombres jóvenes, las mujeres de todas las edades y los analfabetos; mientras que se prohibió a los partidarios de Leguía presentarse como candidatos. En paralelo, se creó un órgano superior electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, independiente del Poder Ejecutivo, para presidir la nueva arquitectura del sufragio.

Durante su mandato, Samanez también impulsó reformas en otras esferas sociales y administrativas, como una nueva ley de quiebras y la creación de un fondo denominado “Pro desocupados” para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad laboral. En medio de un escenario político estremecido por intentos de golpe y por tensiones laborales, se llevó a cabo un censo que reflejó una Lima de aproximadamente 375.000 habitantes y un Callao con cerca de 70.000 residentes. Estas cifras ofrecían un panorama claro de las dimensiones urbanas de un país que buscaba fortalecerse institucionalmente.

En el calendario electoral, las elecciones para el 11 de octubre de 1931 mostraron una contienda entre Luis M. Sánchez Cerro (Unión Revolucionaria) y Víctor Raúl Haya de la Torre (Partido Aprista Peruano), junto a otros contendientes como Arturo Osores Cabrera y José María de la Jara y Ureta. El escrutinio, a la postre, dio la victoria a Sánchez Cerro por un margen estrecho, un resultado que el APRA cuestionó en su momento aunque no logró demostrar irregularidades de peso. Frente a esa controversia, Samanez Ocampo sostuvo la voluntad popular y, el 8 de diciembre de 1931, entregó la banda presidencial a su titular, consolidando así el paso de la Junta a un poder civil que continuaría el proceso de consolidación democrática.

Retiro Político

Con la conclusión de su misión, Samanez Ocampo se retiró de la actividad pública de forma definitiva y volvió a dedicar sus esfuerzos a la explotación agrícola y a la vida en el entorno rural. La figura de Samanez quedó asociada a un ciclo de ingresos al poder que, si bien breve, dejó sembradas las bases de una democracia que, a través de la experiencia de los gobiernos de turno, buscaba una mayor estabilidad y legitimidad frente a la inestabilidad que había marcado las décadas anteriores. Su retiro no significó abandono total de la voz cívica, pues su ejemplo y su trayectoria quedaron como referencia para quienes aspiraban a gestionar con criterio técnico y prudencia los asuntos del país, especialmente en el ámbito rural y regional.