Diego Muñoz-Torrero

Diego Muñoz-Torrero y Ramírez-Moyano nació en Cabeza del Buey a mediados del siglo XVIII y su vida se extendió hasta la primera mitad del siglo XIX, en un periodo de convulsión y renovación. Fue sacerdote, catedrático y figura pública cuyo accionar influyó de forma determinante en la elaboración de la Constitución de 1812. Como diputado en las Cortes de Cádiz, lideró reformas que pusieron fin a la Inquisición y defendieron la libertad de imprenta, marcando un giro decisivo en la historia política y cultural de España.

Diego Muñoz-Torrero y Ramírez-Moyano nació en Cabeza del Buey a mediados del siglo XVIII y su vida se extendió hasta la primera mitad del siglo XIX, en un periodo de convulsión y renovación. Fue sacerdote, catedrático y figura pública cuyo accionar influyó de forma determinante en la elaboración de la Constitución de 1812. Como diputado en las Cortes de Cádiz, lideró reformas que pusieron fin a la Inquisición y defendieron la libertad de imprenta, marcando un giro decisivo en la historia política y cultural de España.

Trayectoria académica

Procedía de una familia donde la ciencia de los textos y las mediciones del mundo se vivían como un legado práctico; su padre, Diego Antonio Muñoz-Torrero, ejercía de boticario y, a la par, se dedicaba a enseñar latín, sembrando en el joven un gusto temprano por la erudición. A los once años, el futuro pensador ingresó en la Universidad de Salamanca para estudiar Teología y Filosofía, iniciando allí una trayectoria que combinaría fe y pensamiento crítico.

Enfocado en la vida académica, fue ordenado sacerdote y, en 1784, recibió la designación como catedrático de Filosofía en la Universidad de Salamanca. A partir de ese instante, integró una nómina de docentes y alumnos que buscaba renovar los métodos de enseñanza y despertar un espíritu crítico entre quienes siguieran sus pasos.

Con el tiempo, la comunidad universitaria lo eligió rector por unanimidad en 1787, reconocimiento que subrayaba su capacidad de liderazgo y su visión de una institución al servicio del pensamiento libre. Durante su mandato, emprendió una serie de iniciativas para fortalecer los recursos disponibles y mejorar la convivencia entre las distintas facultades.

Entre las medidas que promovió se cuentan la preservación y ampliación de la colección de Yerbas de la casa de estudios, el aumento de las reservas de la Biblioteca Universitaria y la resolución de conflictos entre las facultades de Medicina y Artes por un lado y Teología y Jurisprudencia por el otro. También creó el Colegio de Filosofía y trabajó para modernizar los planes de estudio, las prácticas docentes y la biblioteca de textos de la época.

Trayectoria política

Su itinerario político comenzó a afianzarse al ser convocado a Madrid para aspirar a una capellanía, y pronto el destinador de su carrera, José Álvarez de Toledo, le ofreció una canonjía en la colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo, lo que le permitió compatibilizar su vida religiosa con la administración de bienes e intereses eclesiásticos. En ese periodo, su actividad pública se incrementó, y terminó trasladándose a la isla de León a fines del verano de 1810, ya como diputado por la provincia de Extremadura.

Diputado a Cortes

Tras el estallido popular contra la ocupación de José Bonaparte en 1808, fue reconocido como miembro de la Junta Suprema de Extremadura y, poco después, ingresó en las Cortes Generales de Cádiz para representar a su región en la legislatura que comenzó en 1810. Su proclamación tuvo lugar el 23 de julio de 1810, en una sesión atravesada por diversas irregularidades que se sometieron a revisión por parte de la autoridad electoral.

En la jornada inicial de las Cortes, celebrada el 24 de septiembre de 1810, Muñoz-Torrero se convirtió en el primer orador, desplegando una batería de planteamientos que buscaron asentar principios liberales: soberanía de la nación, separación de poderes y la inviolabilidad de los diputados, entre otros fundamentos que iban a sostener el marco constitucional.

La intervención de este diputado por Extremadura se acompañó de aportaciones que, junto a las de otros colegas, darían forma a una propuesta de reforma constitucional. En ese momento, otro diputado, Manuel Mateo Luján y Ruiz, presentó un programa de once puntos que recogía el núcleo de la legitimidad parlamentaria, la representación nacional y la propia continuidad de la Corona bajo un marco legal y limitado por la soberanía popular.

Con el desarrollo de la sesión, quedó patente la línea liberal de Muñoz-Torrero, que abogó por la supremacía del Parlamento, por la libertad de palabra y por el establecimiento de un marco de derechos que protegiera a los diputados en el ejercicio de su mandato, un giro sustancial frente a sistemas anteriores.

En el transcurso de los años siguientes, la asamblea aprobó políticas de liberalización de la prensa, y, el 10 de noviembre, dio luz verde a un decreto de libertad de imprenta, desafiando a las fuerzas conservadoras que defendían la censura previa. Este avance estuvo marcado por intensos debates y por la experiencia de quienes consideraban la libertad de expresión como pilar de una nación en gestación.

El 2 de marzo de 1811, la asamblea designó una comisión para redactar la Constitución, y Muñoz-Torrero—junto a Agustín Argüelles y Evaristo Pérez de Castro—fue uno de sus presidentes. Su peso específico en la redacción de la primera norma constitucional liberal de España es un rasgo que acompaña toda su biografía pública, culminando con la aprobación de la Constitución en 1812, conocida popularmente como La Pepa.

Como un detalle anecdótico, la bandera de las Cortes, tejida en tafetán y adornada con franjas rojas y un centro dorado, fue entregada por Muñoz-Torrero; aquella insignia continuó utilizándose por la Milicia Nacional a partir de 1820, quedando así inmortalizada su relación con la simbología cívica de ese periodo.

Referencia a las mujeres

En la tarea constitucional, las Cortes no discutieron abiertamente los derechos políticos de las mujeres; Muñoz-Torrero aludió al tema en otro marco de debate, centrado en los derechos políticos de los españoles originarios de África, dejando claro que la conversación sobre la ciudadanía femenina quedaba fuera de la negociación principal de aquel momento.

Restauración absolutista

A comienzos de 1814, tras la retirada de José I y la derrota de las tropas napoleónicas, Fernando VII firmó el tratado de Valençay con Napoleón, con el objetivo de recuperar la corona mediante acuerdos de neutralidad de España en conflictos europeos. Sin embargo, a su regreso, el monarca decidió derogar la Constitución, disolver las Cortes y perseguir a quienes la defendían, aplicando penas severas a los liberales.

Muñoz-Torrero fue detenido por sus ideas liberales y, por su condición sacerdotal, ingresó en el monasterio de San Francisco de Padrón, en la provincia de La Coruña, donde quedó recluido durante seis años. Este periodo de encierro coincidió con la consolidación de un régimen que buscaba restaurar el antiguo orden; su prisión simbolizó la represión de la corriente liberal que había encontrado cauce parlamentario.

Trienio Liberal

En 1820, la intentona de Rafael de Riego para forzar la apertura constitucional condujo a un estallido que, pese a un inicio incierto, terminó por obligar al rey a jurar la Constitución de Cádiz y a abrir un periodo de liberalización conocido como el Trienio Liberal.

Muñoz-Torrero volvió a incorporarse como diputado por Extremadura y se le nombró presidente de la Diputación Permanente, desde cuyo cargo se logró la supresión definitiva de la Inquisición y se impulsaron reformas que afectaron al régimen eclesiástico y a la administración pública. En cuanto a la alta jerarquía eclesiástica, se le ofreció la sede de Guadix, una designación que fue objeto de tensiones entre la Santa Sede y las influencias políticas, que no refrendó el Papa, en parte por las evaluaciones de un canónigo y figura absolutista de la región.

Persecución y muerte

En 1823, la intervención militar de la Santa Alianza restableció las prerrogativas absolutistas de Fernando VII durante la Década Ominosa. Muñoz-Torrero, huido a Portugal para evitar la persecución, fue igualmente perseguido en tierras lusas. Capturado, permaneció encarcelado y soportó condiciones duras en la Torre de São Julião da Barra, hasta que falleció el 16 de marzo de 1829.

Con la muerte, su legado no se desvaneció; seis años después, en 1835, se trasladó su cuerpo al cementerio de San Nicolás, en Madrid, para ser ubicado en un mausoleo común fundado en la década de 1850 bajo una estatua alegórica de la Libertad. Allí compartió recinto con otras figuras destacadas de la época, entre ellas Agustín de Argüelles, José María Calatrava, Juan Álvarez Mendizábal, Francisco Martínez de la Rosa y Salustiano Olózaga. Posteriormente, en 1912, ese mausoleo fue movido al Panteón de Hombres Ilustres, consolidando su lugar en la memoria histórica de España.