Gregorio Álvarez

Gregorio Conrado Álvarez Armelino nació en el departamento de Lavalleja, en el seno de una familia con arraigo en las filas castrenses. Su trayectoria profesional se fue forjando entre academias, cuarteles y las intrigas de mando que caracterizaron una época convulsa de la historia del país. A lo largo de su vida, su figura estuvo unida a decisiones de alto impacto político y militar, y su paso dejó marcas difíciles de borrar en la memoria y en los archivos oficiales.

Gregorio Conrado Álvarez Armelino nació en el departamento de Lavalleja, en el seno de una familia con arraigo en las filas castrenses. Su trayectoria profesional se fue forjando entre academias, cuarteles y las intrigas de mando que caracterizaron una época convulsa de la historia del país. A lo largo de su vida, su figura estuvo unida a decisiones de alto impacto político y militar, y su paso dejó marcas difíciles de borrar en la memoria y en los archivos oficiales.

Biografía

Fue hijo y nieto de generales de carrera, y esa ascendencia dio forma a su visión y a su disciplina. Su padre, también general, fue el heredero de una tradición que llegó a desempeñar funciones de confianza junto al poder civil, mientras que su abuelo cercano había ocupado el rol de edecán para una figura presidencial destacada. En 1940 ingresó a la Escuela Militar Nacional, paso decisivo para su formación; al siglo siguiente, obtuvo la condición de oficial en el Regimiento de Caballería. Su desempeño se consolidó en el Regimiento de Caballería n.º 7, asentado en la localidad de Santa Clara de Olimar, dentro del departament o de Treinta y Tres. Entre 1960 y 1962 ejerció la jefatura de Operaciones de Caballería en la Escuela de Instrucción Militar y, posteriormente, entre 1962 y 1969, dirigió la Guardia Republicana de Montevideo.

En diciembre de 1970 logró el primer puesto en el concurso de ascenso a general y, tras la aprobación del Senado, desde el 1 de febrero de 1971 lució ese grado en las filas del Ejército. El 16 de diciembre de 1971 se creó, de manera experimental, la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), estructuras que pasaron a depender directamente de la JCJ y que tenían la misión de estudiar, asesorar y planificar las operaciones de las Fuerzas Armadas. Álvarez fue designado Jefe del Esmaco, un organismo que colaboraba estrechamente con el Servicio de Información y Defensa (SID), dirigido por el coronel Ramón Trabal. Aunque la ejecución operativa recayó en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se cree que Álvarez supervisaba de forma amplia las iniciativas y los criterios generales de lucha antisubversiva.

• Jefe del Esmaco (1971-1974): coordinación y asesoría para las acciones del conjunto de las Fuerzas Armadas.
• Comandante de la 4.ª División del Ejército, con sede en Minas, durante la década de los setenta.
• Comandante en Jefe del Ejército (1978-1979): máximo mando de la institución, antes de su pase a retiro.

Durante la etapa previa a la dictadura las funciones del Esmaco se articulaban con el SID, y el vínculo entre Álvarez y el panorama de seguridad interna era estrecho. En ese marco, la institución militar participó de manera creciente en la definición de políticas de control y en actos coordinados con otros organismos de inteligencia. Su cercanía a los responsables de la seguridad nacional lo convirtió en una figura clave para entender la transición de la institución armada hacia roles de primer plano en la coyuntura política.

Dictadura

El 23 de febrero de 1973, tras la firma del Acuerdo de Boiso Lanza, se estableció el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un foro asesor del Ejecutivo. Álvarez fue designado secretario permanente de ese consejo, cargo que ocupó hasta que, en 1974, fue nombrado comandante de la 4.ª División del Ejército con base en Minas, Lavalleja. En 1975 asumió la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (Comaspo) y, ya en 1978, recibió la designación de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que mantuvo hasta su retiro el 1 de febrero de 1979. Su ascenso provocó tensiones internas dentro de las tropas y, en particular, desencadenó un choque con el director del SID.

El 3 de marzo de 1978 se emitió la Orden de Servicio N.º 7738, que subordinaba la actuación del SID al mando que ostentaba Álvarez. La negativa del general Amaury Prantl, titular del SID, dio lugar a una nueva orden, la N.º 7777, fechada el 3 de julio de 1978, que reconocía la responsabilidad de Álvarez en el inicio de actos que podrían haber vulnerado derechos humanos. Como consecuencia de ese enfrentamiento, Prantl y su subalterno José Nino Gavazzo fueron apartados y sometidos a arresto disciplinario de sesenta días. El 24 de agosto de 1978, una resolución administrativa dispuso su retiro definitivo.

Con el plebiscito constitucional de 1980 quedaba clara la voluntad popular de retornar a la democracia, pero Álvarez mostró resistencia a aceptar ese veredicto y presionó para que el Consejo de la Nación le entregara la Presidencia de la República el 1 de septiembre de 1981, ajornando de este modo la transición. Persistió en la represión hasta que, ante la presión de la oposición y al perder apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, aceptó iniciar un cronograma electoral que culminaría en las elecciones de noviembre de 1984. Durante ese periodo, su rivalidad interna en el ejército era con el general Hugo Medina, más proclive a ceder el poder a los civiles. Al triunfo de Julio María Sanguinetti en las urnas, Álvarez renunció el 12 de febrero de 1985, entregando el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno, y cesando un tramo de una historia de control militar.

Durante su mandato, la represión no se limitó a actores políticos del interior; también se extendió a militantes en Argentina, con denuncias de violaciones a los derechos humanos en cuarteles y sedes clandestinas. Las investigaciones actuales buscan explicar el paradero de personas desaparecidas y, con el tiempo, se han exhumado restos en distintas dependencias militares, dando cuenta de una herida que aún requiere clarificación y justicia.

Procesamiento y condena

El 17 de diciembre de 2007, un juez dictó la imputación por desapariciones forzadas en conexión con traslados clandestinos desde Argentina de al menos 18 personas en 1978, procesos que habrían desembocado en ejecuciones. Álvarez, entonces, quedó bajo prisión preventiva en una penitenciaría especial para militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, situada en Montevideo. Este desarrollo marcó un hito en la revisión de la historia reciente y en los esfuerzos por esclarecer responsabilidades.

El 7 de febrero de 2008, el Banco de Previsión Social anunció la suspensión de la jubilación que correspon­día a su condición de expresidente, una medida que se aplicó de inmediato. Poco después, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2.º Turno confirmó su procesamiento por la participación en los traslados clandestinos de detenidos desde Argentina, pero modificó la tipificación al considerar cargos de homicidio muy agravado, en lugar de simples desapariciones forzadas. La sala argumentó que existían elementos suficientes para sostener la imputación.

El 22 de octubre de 2009, el tribunal emitió una condena por el asesinato de 37 personas durante su periodo al frente del Ejército, sosteniendo la tesis de la responsabilidad política y operativa por aquellos crímenes, y señalando que debían haber estado al tanto de los traslados de prisioneros políticos entre Buenos Aires y Montevideo, cuyos restos no fueron hallados. En esa misma sentencia, se vinculó a Juan Carlos Larcebeau como otro condenado por 29 homicidios. La fiscalía afirmó que Álvarez tenía conocimiento de la dinámica represiva y de las consecuencias que generó.

El 24 de marzo de 2010 volvió a comparecer ante la justicia al ser procesado por homicidio muy especialmente agravado en el caso de Roberto Luzardo, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fallecido en 1973. Luzardo recibió impactos de bala en agosto de 1972 y falleció diez meses después en el Hospital Militar, cuando Álvarez ocupaba la dirección del Estado Mayor Conjunto. Los abogados de la familia sostuvieron que se ordenó no brindarle atención médica. En 2013, la Suprema Corte de Justicia declaró su inocencia respecto de ese crimen, al considerar que no existen pruebas concluyentes que demuestren su participación directa en ese hecho concreto.

A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a ser trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas; ese episodio dejó secuelas, entre ellas una parálisis que limitó su capacidad para declarar en las causas que enfrentaba. El 14 de diciembre de 2016 fue internado de nuevo por problemas cardíacos, y falleció en el mismo centro médico a los 91 años de edad. Su trayectoria quedó inscrita en un capítulo controvertido, en el que convergen la memoria social y las decisiones institucionales.

Ministros de facto

El periodo conocido como la dictadura cívico-militar dejó en el país una serie de autoridades que ejercieron funciones de gobierno de facto. En ese marco, la figura de Álvarez se asoció a la continuidad de mecanismos de poder que, aunque legitimados en su momento por la coyuntura, hoy son objeto de profunda revisión histórica y judicial. Su papel dentro de la estructura militar y su influencia en las decisiones de seguridad y orden público son centrales para entender ese tramo de la historia uruguaya y sus repercusiones en las instituciones.

La revisión de su legado ha contado con investigaciones judiciales que han buscado determinar la responsabilidad individual y la responsabilidad institucional, así como la responsabilidad de las cadenas de mando que permitieron actuaciones que hoy se consideran graves violaciones a los derechos humanos. En ese marco, la figura de Álvarez ha sido objeto de debates que ponen en tela de juicio la legitimidad de ciertas prácticas en un régimen que, pese a sus justificativos de seguridad, dejó heridos y pérdidas de toda índole.

En síntesis, su biografía propone un cruce entre formación militar, ascensos vertiginosos y una etapa de control que dejó una marca indeleble en la historia institucional de Uruguay. Su vida, entre la disciplina y la controversia, continúa siendo fuente de investigaciones, testimonios y análisis que buscan comprender con mayor claridad cómo se gestionó el aparato de seguridad, qué decisiones se tomaron y qué consecuencias humanas dejó aquel periodo.